Menos pactos futuros y más acciones inmediatas por los derechos de los migrantes

Reunidos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el 19 de septiembre del 2016, los gobernantes prometieron más apoyo para refugiados y migrantes, y se comprometieron a adoptar compromisos más concretos en 2018 al aprobar la resolución 71/1 “La declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes”1 que determina el marco normativo a seguir para arribar a un acuerdo mundial sobre el tema migratorio.

@RubenFigueroaDH

Migrantes centroamericanos esperan el tren en las vias de Tierra Blanca, veracruz. FOTO: @RubenFigueroaDH

Esta resolución fue impulsada por los embajadores ante la ONU de Suiza, y –como no- por el representante de México, paladín universal de la defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Una vez más las burocracias gubernamentales del mundo incluyendo a la ONU, están preocupadas y ocupadas en una serie de rondas de “consultas” para entregar a los migrantes internacionales, allá por septiembre del 2018, un “Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada”, acompañado de otro convenio internacional sobre los refugiados, en el que se espera que los países asuman compromisos más explícitos para su protección mientras que nosotros nos preguntamos cuántos muertos más tendremos que lamentar durante estos dos años de debate.

No es un asunto menor, lo que los poderosos del mundo decidan tendrá efectos directos en las vidas y la esperanza de felicidad de aproximadamente 244 millones de migrantes, 65 millones de desplazados forzadamente, 21 millones en calidad de refugiados y tres millones de solicitantes de asilo.

Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas unánimemente reconocieron la necesidad de un enfoque integral de la movilidad humana, una mayor cooperación a nivel mundial y se comprometieron a: proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y en todo momento; ayudar a los países a rescatar, recibir y alojar a un gran número de refugiados y migrantes; Integrar a los migrantes (atendiendo a sus necesidades y capacidades, así como a los de las comunidades receptoras) en los marcos y planificación de asistencia humanitaria y de asistencia para el desarrollo; combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación hacia todos los migrantes; desarrollar, a través de un proceso dirigido por el estado, principios no vinculantes y directrices voluntarias sobre el tratamiento de los migrantes en situaciones vulnerables; y fortalecer la gobernanza global de la migración, incluso incorporando a la OIM en la familia de las Naciones Unidas y mediante el desarrollo de un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.

El pacto mundial propuesto es congruente con la meta 10.7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la que los Estados miembros se comprometieron a cooperar internacionalmente para facilitar la migración segura, ordenada y regular, y su alcance se define

en el Anexo II de la Declaración de Nueva York2 que tiene como objetivos: abordar todos los aspectos de la migración internacional, incluidos los aspectos humanitarios, de desarrollo, relacionados con los derechos humanos y otros; hacer una contribución importante a la gobernanza global y mejorar la coordinación en la migración internacional; presentar un marco para la cooperación internacional integral sobre migrantes y movilidad humana; establecer una serie de compromisos viables, medios de implementación y un marco para el seguimiento y el examen entre los Estados Miembros con respecto a la migración internacional en todas sus dimensiones; guiarse por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba; y guiarse por la Declaración del Diálogo de Alto Nivel de 2013 sobre Migración Internacional y Desarrollo.

Los documentos normativos también indican que el pacto mundial se construirá mediante un proceso abierto, transparente e inclusivo de consultas y negociaciones, y la participación efectiva de todos los interesados pertinentes, incluidos la sociedad civil, el sector privado, las instituciones académicas, los parlamentos, las comunidades de la diáspora y las organizaciones de migrantes tanto intergubernamentales conferencia y su proceso preparatorio3.

Este ejercicio, de acuerdo a la resolución 71/1, se realizará en tres fases, siendo la primera la fase preparatoria de consulta que durará hasta noviembre del 2017 y que incluye un período de consultas regionales y una serie de audiencias interactivas con diferentes agentes. La fase II, de balance, que comenzará en diciembre de 2017 y finalizará en febrero de 2018 se enfoca en el análisis y preparación de propuestas y finalmente, la fase III, de negociaciones intergubernamentales comenzará en febrero de 2018 con la presentación de un documento preliminar del pacto con miras a la adopción del pacto mundial consensuado en septiembre del 2018.

México se lleva las palmas y perfecciona su política exterior de ser el paladín de causas encomiables cuando en casa se comporta exactamente a la inversa de lo que predica así, es el promotor del acuerdo para el “Pacto Mundial para una migración segura, regular y ordenada” y el ilegítimo anfitrión de la fase II que se llevará cabo este diciembre en Puerto Vallarta, Jalisco, donde los 193 miembros de la ONU se congregarán para reflexionar en cómo proteger a los migrantes.

En la comunidad de defensores de los derechos de los migrantes se está hablando, entre otros temas, de la creación de una Defensoría mundial de los migrantes, refugiados y apátridas, el derecho a la ciudadanía universal, el respeto a la libre movilidad y los derechos humanos, la atención a familiares de inmigrantes y la lucha contra la trata y el tráfico de personas y en las sesiones temáticas de la fase 1, se ha hablado de los Derechos Humanos de todos los migrantes, la inclusión social, la cohesión y la lucha contra todas las formas de discriminación, racismo, xenofobia e intolerancia. Estas reflexiones recuerdan aquel 10 de diciembre de 1948 cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos en París y marcó un horizonte, un lenguaje común, puntos de referencia que los países reconocen, también es de mencionar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1990, que abrió un nuevo capítulo para establecer los derechos de los trabajadores migratorios y garantizar la protección y el respeto de esos derechos. ¿El Pacto Mundial para la migración segura, ordenada y regular tendrá el mismo destino de arrojar magros resultados en términos de migración? ¿Sera que todo permanecerá en palabras?

Y también nos recuerda nuestra muy dolorosa experiencia cuando México promulgó la ley de Migración. En el senado de la república escuchamos a los senadores festinando la libertad de tránsito, el otorgamiento de visas de tránsito para los migrantes que aquí llegaran, la bondad de la migración y nuestra tradición de país de refugio. Sin embargo al momento de la implementación de la nueva Ley, en lugar de las visas prometidas al tiempo, el gobierno mexicano nos ha obsequiado el PLAN FRONTERA SUR, y ha incrementado las persecuciones y los agravios. De 2010, fecha de la masacre de san Fernando donde 72 migrantes en tránsito fueron ejecutados por las bandas del llamado crimen autorizado, las desapariciones se han incrementado por millares y la impunidad sigue prevaleciendo. El gobierno mexicano en lugar de acoger, proteger, incentivar, alentar e integrar a esta población vulnerable en rumbo a estados unidos, ha impulsado el paradigma de la seguridad nacional y favorecido los intereses de los vecinos del norte y en perjuicio de los vecinos del sur.

Así el destino de este Pacto Mundial se vislumbra endeble, más cuando en entrevista con Notimex el 21 del presente, José Brillantes, director del Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y de sus Familias, afirmó que el Pacto Global contribuiría a crear una respuesta a la migración basada en la protección de derechos. “Cómo podrían algunos países evitar aplicar las conclusiones del Pacto no lo puedo prever, pero incluso sin que sea legalmente vinculante el documento servirá como guía y tendrá fuerza porque será acordado por los 193 Estados miembros de la ONU”, asentó Brillantes. “Cuando los resultados sean presentados tendrán un efecto moral, aunque el Pacto en sí mismo no sea legalmente vinculante sí será vinculante en un sentido moral”, enfatizó Brillantes.

No cabe duda que la resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU conocida como la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, (DNY), contiene un lenguaje extraordinario donde domina la perspectiva de derechos humanos universales, lenguaje que suena como poesía a los oídos de la comunidad internacional. Pero en la línea de las esquizofrenias y de las relaciones profundamente asimétricas entre las 10 naciones de destino y el resto del mundo, hay naciones que ya están negociando con los países receptores pactos de seguridad y desarrollo.

La seguridad nacional se ha convertido en la prioridad dominante que desplaza cualquier consideración humanitaria tanto en Europa como en el continente Americano, como ejemplo tenemos nuestra propia frontera sur convertida en la línea divisoria de los Estados Unidos de Norteamérica con América Latina, particularmente en la frontera de México-Guatemala, donde el Comando Sur, fuera de su ámbito territorial, ya está operando cuarteles militares para el control fronterizo con el respaldo de los gobiernos en turno, gobiernos doblegados que persisten en esperar pacientemente la llegada de capitales e inversiones para el desarrollo regional por décadas prometido.

Lo que evitaría muertes y sufrimiento extremo de los migrantes en el mundo, si realmente los gobiernos tuvieran la voluntad política de actuar con una perspectiva humanitaria se reduce a proponer menos pactos futuros y más acciones inmediatas que mínimamente interrumpan el circulo de muerte resultado encajonar a la migración dentro del binomio Seguridad Nacional vs Derechos humanos.

Marta Sanchez Soler

Movimiento Migrante Mesoamericano

 

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