CIDH expresa profunda preocupación por situación de migrantes en Colombia

 

8 de agosto de 2016 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación ante la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran cerca de 1.300 migrantes varados en el municipio de Turbo, cerca del Tapón del Darién, Colombia, cerca de la frontera con Panamá. Entre las personas migrantes se encuentran hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas, así como niños y niñas, incluyendo recién nacidos. La mayoría de estas personas provienen de Cuba, Haití, así como de países de África y Asia, y tienen como destino los Estados Unidos.

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Según información de público conocimiento, las personas migrantes que han llegado hasta Turbo lo han hecho a través de diversas rutas a través de Venezuela, Ecuador, Guyana o Brasil hasta llegar a Colombia, para seguir su recorrido hacía los Estados Unidos atravesando países de Centroamérica y México. La situación de los migrantes varados en Turbo se ha agravado como consecuencia del cierre de la frontera y el aumento de los controles migratorios por parte de Panamá el 9 de mayo de 2016. La CIDH saluda la información enviada por el Estado de que no hubo ninguna detención de migrantes irregulares porque esa práctica no es legal en el país.

Según un censo elaborado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, para el 28 de julio de 2016 había 1.273 migrantes cubanos, incluidos cerca de 300 niños y niñas, en situación de vulnerabilidad en el municipio de Turbo. Según el Estado colombiano, ha habido un acompañamiento del  Ministerio de Salud y del Instituto colombiano del Bienestar Familiar (ICBF)  para la atención especial de mujeres y niños y se han realizado diversas jornadas de atención en salud.  Por su parte, la Defensoría informó que las principales preocupaciones en materia de derechos humanos se relacionan con las condiciones en las que se están alojando, dificultades en el acceso a alimentos, riesgo de contraer enfermedades, así como la posibilidad de ser víctimas de trata de personas.

De acuerdo con información proporcionada por el Estado, se ha promovido la salida voluntaria de migrantes del territorio colombiano y mediante este mecanismo, más de 600 migrantes en situación irregular en Turbo habrían abandonado el país utilizado un salvoconducto. Sobre este punto, la CIDH recuerda que antes de promover la salida voluntaria, es obligación del Estado identificar migrantes que tengan necesidades especiales de protección, tales como solicitantes de asilo y refugiados, personas sujetas a protección complementaria, víctimas de trata, entre otros, y adoptar medidas para su protección.

La Comisión ha recibido información que indica que ante la insuficiencia de canales legales y seguros para migrar, los migrantes recurren a rutas y canales clandestinos en los que se han encontrado vulnerables a abusos y extorsión por parte de organizaciones criminales, traficantes de migrantes, así como algunos policías. Adicionalmente, se ha tenido conocimiento en los últimos años de  incidentes de embarcaciones que transportan migrantes que han naufragado mientras intentaban llegar de Colombia a Panamá, resultando en muertes y desapariciones de migrantes. El 11 de enero de 2016, las autoridades colombianas reportaron el naufragio de una embarcación que transportaba 24 migrantes africanos en el Golfo de Urabá, de los cuales las autoridades rescataron a nueve.

La Comisión también ha recibido información sobre los peligros de muerte y abusos que enfrentan los migrantes que han emprendido su recorrido a través de la zona selvática del Tapón del Darién, en la que operan grupos armados. Migrantes que han recorrido dicha ruta denunciaron haber padecido condiciones inhumanas en su recorrido por la selva y haber pasado al lado de cadáveres de migrantes, así como de otros con graves lesiones y fracturas. También se ha recibido información sobre violaciones y actos de violencia sexual, así como robos, golpes y extorsiones por parte de traficantes de migrantes e incluso en algunos casos por miembros de la policía.  Según informó el Estado colombiano, se creó un puesto de mando unificado que coordina, desarrolla y evalúa las actividades de las autoridades para atender la situación, en el cual participan diversas instancias nacionales e internacionales.

De conformidad con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos, la Comisión llama al Estado colombiano a implementar todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de todos los migrantes bajo su jurisdicción. La garantía efectiva del derecho a la vida exige que el Estado debe adoptar medidas de prevención, protección y asistencia cuando tiene conocimiento de situaciones de migrantes en peligro. El Estado también debe adoptar medidas para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial en el marco de procedimientos migratorios, a la unidad familiar, a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución (non-refoulement) y la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. Asimismo, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar los abusos que particulares y autoridades estatales puedan cometer en contra de personas migrantes.

Ante el anuncio de Migración Colombia de iniciar la deportación de las personas migrantes que se encuentran en Turbo, la CIDH reitera que, de conformidad a las normas y estándares internacionales, los procedimientos migratorios, en particular los que puedan conllevar la deportación de migrantes, deben analizar, fundamentar y decidirse de forma individual y respetar garantías mínimas tales como el derecho a ser escuchado por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendiente a su deportación y a tener una oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa; a contar con interpretación y traducción; a contar con representación legal; a la protección consular; a recibir una notificación de la decisión que ordena su deportación; a acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación; a impugnar la decisión de deportación; y a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación. El Estado informó que a la fecha no se ha presentado ningún recurso para impugnar la deportación. Ante esto y la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, la Comisión observa que estas personas se encuentran en Turbo, una zona remota del país, y que el Estado debe adoptar medidas para hacer efectivo el derecho a la impugnación.

“El hecho de que los migrantes recurran a canales irregulares y a traficantes de migrantes se explica por la falta e insuficiencia de canales legales y seguros para migrar. Hacemos un llamado a los Estados de América a actuar de forma inmediata para que habiliten canales que les permitan a estas personas migrar de forma legal y segura”, dijo el Comisionado James Cavallaro, Presidente de la CIDH. Para ello, los Estados pueden hacer uso de programas tales como programas de admisión humanitaria, visados de reunificación familiar, becas estudiantiles, programas de movilidad laboral, patrocinios privados, y programas de reasentamiento de refugiados.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

 

Comunicado de la CIDH:  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/112.asp

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