MMM con CDHYC gana en EEUU DEMANDA de Transparencia sobre los Destino$ del PLAN MERIDA

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El MMM forma parte de una coalición de organizaciones estadounidenses dirigidos por el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Hemos demandado al Departamento de Estado de los Estados Unidos para obligar al gobierno de Estados Unidos para revelar las cantidades que Estados Unidos ha pagado al Gobierno de México para detener migrantes centroamericanos antes de llegar a la frontera norte, en el marco de la Iniciativa Mérida. La demanda se ganó y nos están entregando los legajos de documentos que estamos en proceso de analizar.

The Guardian ¡GANAMOS LA DEMANDA!

· Una coalición demanda del Departamento de Estado de Estados Unidos para obligarlo a revelar la cantidad que paga a México para impedir que migrantes centroamericanos lleguen a la frontera de los EE.UU.

Nina Lakhani en la Ciudad de México

Una coalición de organizaciones de derechos humanos están demandando al Departamento de Estado de Estados Unidos para que revele cuánto le está pagando al gobierno mexicano para impedir que migrantes y refugiados lleguen a la frontera con Estados Unidos.

Organizaciones mexicanas y estadounidenses encabezadas por el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en Los Angeles, exigen copias de registros que identifican el tipo y la cantidad de ayuda financiera que proporciona al Instituto Nacional de Migración de México, conocida por sus siglas en español como el INM. La petición, bajo “the freedom of information act”, se presentó en septiembre pasado tras la creciente preocupación sobre el enorme aumento de detenciones y deportaciones de inmigrantes de América Central en México, en medio de la presión y la ayuda financiera de los EE.UU.

Las autoridades mexicanas detuvieron a 190,366 personas en 2015 – 120% más que en 2013, según cifras oficiales. Deportaron a 155,418 personas el año pasado, en comparación con 80.902 en 2013. Casi el 98% de los deportados en 2015 procedían del violento triángulo norte de Honduras, El Salvador y Guatemala, donde la gente está huyendo a causa de la mezcla letal de la guerra entre bandas, la corrupción y la pobreza extrema. Las detenciones han aumentado desde que México puso en marcha el Plan Frontera Sur en julio de 2014, pocos días después de que Barack Obama declarara que el aumento de los niños migrantes centroamericanos que buscan refugio en los Estados Unidos, como “una crisis humanitaria”. Desde entonces, al menos 5.000 oficiales de policía, del ejército y de la marina mexicana han sido desplegados en todo el país para trabajar junto a los funcionarios de inmigración y detener el flujo de migrantes que se dirigen hacia el norte.

Documentos públicos muestran que el Departamento de Estado de Estados Unidos proporcionó inicialmente $ 86 millones para entrenar a las fuerzas de seguridad y para la modernización de equipos de inspección y comunicación. Pero no está claro cuánto de los $ 2,5 mil millones de la Iniciativa Mérida y otros programas de ayuda, han sido reorientados hacia endurecimiento de la frontera sur de México y a detener el flujo de inmigrantes.

Los cinco grupos de derechos humanos, y un obispo del episcopado de Los Ángeles, están buscando las auditorías y otros documentos financieros que demuestran cómo el gobierno mexicano utiliza la ayuda estadounidense para este programa. También quieren información sobre cómo los migrantes son tratados en centros de detención, y si los que huyen de la violencia se les permite solicitar asilo según lo dicta la ley internacional y las leyes mexicanas de derechos humanos.

Existe una amplia evidencia anecdótica de que a las personas se les niega la oportunidad de solicitar asilo en virtud de un sistema de cuotas de expulsión no declarado, operado por el INM, que viola el derecho internacional.

Una investigación de “The Guardian” realizada el año pasado encontró que los EE.UU. estaba deportando inmigrantes sin papeles directo a enfrentar la amenaza de violencia inminente, e identificó a varios deportados que fueron asesinados en cuestión de días o semanas después de su regreso.

Alex Martínez, ex jefe del INM, dijo a “The Guardian” que aunque una ley de 2008 había despenalizado la migración irregular en México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto había vuelto a tratar a los migrantes indocumentados como criminales.

“México está cazando a los migrantes como delincuentes, abusando de sus derechos humanos más que en los EE.UU. A la mayoría de las personas no se les permite pasar por el proceso de asilo, son deportados rápidamente”. “Los estadounidenses comenzaron a pagar a México en los últimos tres años, esto no había ocurrido antes”, añadió.

El desafío legal se puso en marcha esta semana después de que el Departamento de Estado no proporcionó la información. El reclamo afirma que la negativa del Departamento de Estado para procesar su solicitud o liberar los registros se “envuelve en el secreto el apoyo de EE.UU. al programa ilegal de exclusión de México”.

“México está realmente jugando duro, detiene y regresa a la gran mayoría de estas personas sin evaluación justa del tipo de peligro que corren si son devueltos,” Peter Schey, director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, dijo a Courthouse News.

Las organizaciones presentando el caso son: Human Rights Watch, Movimiento Migrante Mesoamericano, Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes, Red de Pastores y Líderes Latinos Del Sur De California y el Reverendo Jon Bruno.

Marta Sanchez Soler
http://www.movimientomigrantemesoamericano.org @martafernanda
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Marta Sanchez Soler
Coordinadora
Movimiento Migrante Mesoamericano

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