Del Realismo Mágico a la Cruel Realidad

Movimiento Migrante Mesoamericano​
México, Distrito Federal, Enero 01, 2015

Durante el año de 2014, la situación en México y también en Centroamérica se deterioró alcanzando niveles de verdadera crisis sistémica que sintetizamos sólo en dos de sus síntomas más evidentes: En Centroamérica, la violencia extrema de la criminalidad combinada con la incapacidad o falta de voluntad de los gobiernos de controlar el acoso a la población que han convertido el fenómeno migratorio en un fenómeno de expulsión forzada, y en México la consolidación de un estado policiaco-militar caracterizado por reprimir ferozmente la protesta social.

Transmigración Centroamérica-2014

No se pueden quedar y no tienen a dónde ir,
expulsados por la pobreza y la amenaza inminente de muerte en el país de origen; extorsionados por el crimen organizado, secuestrados y ejecutados en el país de tránsito, y deportados si logran llegar al país de destino.

A partir del último trimestre de 2013, los flujos migratorios centroamericanos en su tránsito por México, mostraron un incremento sustancial que fue muy notorio a partir de febrero de 2014 y se convirtió en verdadera avalancha en los meses de abril y mayo y junio. Este se caracterizó por un aumento considerable de jóvenes no acompañados de entre 14 a 18 años, una cantidad inusitada de mujeres con niños de entre 0 y 12 años, y un nuevo actor en la ruta migratoria, el grupo étnico Garífunas procedentes del Caribe centroamericano en grupos de 50 a 100 personas de comunidades enteras, porque sus tierras ancestrales han caído en manos de “las ciudades modelo”, y megaproyectos turísticos y extractivos que han desplazado a los propietarios originales.

Fuera del ámbito de los albergues, se observó un incremento importante de personas viajando al amparo de los traficantes. La presencia de traficantes fue muy notoria en las centrales de autobuses de Tabasco, Chiapas y Veracruz, guiando a jóvenes no acompañados cuyos padres desde los Estados Unidos, contratan polleros que les lleven a sus hijos.
Siete de cada 10 migrantes entrevistados refieren que vienen huyendo de sus países por amenazas de muerte, extorsiones o asesinato de algún familiar bien sea a mano de las pandillas o de “los narcos” y se ha convertido en práctica común que las pandillas intenten reclutar a menores de edad para actuar como informantes o para vender drogas en las escuelas y de no aceptar, son ejecutados.
Se cobra por todo: a todos los negocios, grandes, medianos, pequeños y también por vender en la calle. Está tan generalizada la extorsión, que incluye el cobro de cuota a quienes tienen familiares en Estados Unidos. Esta violencia ejercida por el crimen organizado va de la mano con la violencia de estado, alimentada por la falta de oportunidades de empleo, salud, educación y satisfactores mínimos para vivir, donde reina la impunidad total y los agraviados no pueden denunciar porque, según testimonios reiterados, muchos han sido ejecutados después de presentar la denuncia dada la complicidad de la autoridad con el crimen organizado.
El recrudecimiento generalizado de la violencia en la región se puede ejemplificar con el calificativo otorgado a la ciudad hondureña de San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo lo cual nos da una idea de la violencia a ras de suelo que día a día trastoca la vida de las familias centroamericanas. Los niños están siendo el blanco preferido de las pandillas que operan el narcomenudeo y las extorsiones, no sólo en las ciudades más importantes de Honduras como Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino también en zonas conurbadas.

Una muy clara explicación del caso hondureño nos la ofrece la carta publicada el 8 de enero del 2015, que el Ex presidente Manuel Zelaya dirige al Cardenal Oscar Rodríguez, en respuesta a declaraciones emitidas que critican el modelo económico alternativo planteado por el ex presidente, y de la que se toman algunos párrafos:

“Con todo respeto, me dirijo a Usted en relación a sus últimas declaraciones cuestionando la validez del socialismo democrático, como proyecto alternativo que hemos planteado, frente al brutal modelo económico social de explotación que se aplica en nuestro país con efectos oprobiosos en contra de miles de hondureños(as) que son cruelmente excluidos del modelo económico y sacrificados por escuadrones de la muerte o sicarios a sueldo.”

“…Los organismos internacionales ya identifican los peligrosos indicadores de Honduras, cuando nos califican como uno de los países más empobrecidos de América Latina, el más violento del mundo y uno de los más corruptos. Me refiero a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Transparencia Internacional (TI). Las cifras de la OMS indican que la tasa de homicidios en Honduras es la más alta del mundo: 103.9 por cada cien mil habitantes. Sin que importe mucho la diferencia numérica en esta macabra disputa estadística con las cifras oficiales, debemos reconocer que vivimos en un clima de creciente violencia, inseguridad cotidiana y espanto colectivo.”

“…La remilitarización del Estado hondureño, los abusos de poder y las constantes violaciones de los Derechos Humanos que evidencian la crisis en materia de seguridad así como la violencia que desangra nuestra sociedad, fue denunciada por la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita “in loco” a Honduras al final del año que acaba de concluir. El informe anual de “Human Rights Watch” (World Report, 2014) evidencia también la crisis.”

Lo que describe el Ex-presidente Zelaya, explica el éxodo que observamos, que funcionarios del gobierno de los Estados unidos y replicado por todos los gobiernos de la región, incluyendo al de México, han descrito como una crisis humanitaria atribuida a los niños no acompañados, que al llegar a la frontera norte se entregan a la autoridad migratoria solicitando asilo. Ignorando la corresponsabilidad de los Estados, los medios masivos de comunicación fueron inundados de noticias acerca de la tragedia de los niños detenidos en “albergues” de emergencia establecidos por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, cuyo gobierno inició una campaña con los gobiernos de la región para buscar soluciones conjuntas que atiendan la “crisis humanitaria” generada por “el incremento exponencial de niños no acompañados ingresando masivamente a su país”.

Los niños no acompañados detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos desde el 1 de octubre del 2013 al 30 de Septiembre de 2014 (año fiscal). Suman 65,005, (El Salvador 15,800 – Guatemala 16,528 – Honduras 17,975 y México 14,702), mientras que las “unidades familiares”, de las cuales casi no se habla, dan un total de 64,804 (El Salvador 14,070 – Guatemala 11,433 – Honduras 33,972 y México 5,329).
Los “niños no acompañados” (0-17 años) suman solo unos 500 menores de 5 años, unos 1,300 entre 5 y 12 y los demás entre 13 y 18 años, que difícilmente pueden ser considerados como “niños” cuando las condiciones socioeconómicas en las que ha transcurrido su vida, los han obligado a asumir roles de adultos. Muchos han trabajado por años ayudando a sus familias y muchos más tienen ya sus propias familias a quien sostener.
Tampoco es muy exacto utilizar el término de “no acompañado” porque genera la falsa impresión que estos niños y jóvenes adultos viajan solos, más bien el termino se refiere al tecnicismo migratorio estadunidense que se refiere al hecho que no viajan con un “padre o tutor” formal, sin considerar que viajan con familiares, amigos o polleros.
Miles de menores han sido deportados, tanto de los Estados Unidos como los detenidos en México, violando con ello el principio universal de “proteger el interés superior del niño”, ya que los reintegran a situaciones de las cuales huyeron y que tienen que ver con numerosos casos de violencia domestica o con la inminente amenaza de muerte cuando vuelven a los mismos lugares de los que salieron amenazados por no haber aceptado unirse a las maras locales que forzosamente los reclutan a sus filas.
En entrevistas directas, jóvenes migrantes han informado que las pandillas vigilan los puertos de entrada para detectar a los deportados con quienes tienen pendiente ajustes de cuentas y a quienes les exigen que paguen “el impuesto de guerra” atrasado por el tiempo que se ausentaron, en otras entrevistas han referido que algunos de sus compañeros han sido asesinados luego de ser deportados.
Los testimonios anteriores son solo la punta del témpano de un fenómeno que ha adquirido dimensiones de crisis incontenible, producto de la violencia estructural que en todos los países de la región se ejerce sobre las poblaciones pobres y vulnerables: La actual crisis humanitaria es producto de la mezcla letal de las políticas de inmigración de los Estados Unidos, el endurecimiento de la vigilancia fronteriza, la militarización, y los modelos económicos regionales que han desplazado a los pequeños productores agrícolas y a los trabajadores urbanos, modelos y políticas económicas que finalmente son insostenibles por la pobreza, la desigualdad y la violencia que han generado en la región entera, desarticulando las estructuras gubernamentales y empujando al límite la gobernabilidad de los pueblos.

La campaña mediática iniciada por los Estados Unidos y adoptada por México y Centroamérica, que enfoca la crisis migratoria del 2014 en “los niños”, se ha enfocado en trasladar la culpabilidad del fenómeno a los padres que permiten irresponsablemente que su hijos se pongan en peligro en tránsito, y a la industria del trafico, que según dicen, hace campaña anunciando que los niños serán beneficiados con la regularización migratoria al llegar. En realidad tiene como propósito fundamental encubrir que lo que está aconteciendo es un fenómeno de desplazamiento forzado por la violencia social y estructural, la militarización, el despojo, la pobreza y todas las consecuencias de los modelos económicos depredadores impuestos por los países dominantes, y por lo tanto los migrantes de hoy día en tránsito por México deben ser tipificados como refugiados, a los cuales se refiere el portal de la ACNUR como: “Los refugiados tienen que moverse si quieren salvar sus vidas o su libertad. Ellos no tienen la protección de su propio Estado -de hecho, es a menudo su propio gobierno que está amenazando con perseguirlos. Si otros países no les brindan la protección necesaria, y no les ayudan una vez dentro, entonces pueden estar condenándolos a muerte- o a una vida insoportable en las sombras, sin sustento y sin derechos”.
Sin embargo, ni los gobiernos regionales, la Organización de las Naciones Unidas con su agencia especializada la ACNUR, han reconocido que, bajo el principio de responsabilidad compartida, se deben que el tomar medidas de emergencia extrema para solucionar la trágica encrucijada en la que se encuentran las víctimas de la migración forzosa, quienes no pueden quedarse y no tienen a dónde ir: son expulsados por la pobreza y la inminente amenaza de muerte si se quedan en el país de origen, son extorsionados por el crimen organizado y autoridades corruptas, secuestrados y ejecutados en el país de tránsito, y son detenidos y, en estado de indefensión, deportados si logran llegar al país de destino.

Los migrantes en tránsito por México

Los movimientos migratorios hacia Estados Unidos del 2006 a la fecha han sucedido en medio de un importante incremento de la inseguridad que sitúa a las personas migrantes en un escenario de extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros y muerte, situación se ha acentuado y agravado por el aumento de la violencia en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, combinada con la política migratoria de los Estados Unidos, particularmente después de los atentados de Septiembre del 2011, que fueron escusa para un severo endurecimiento del control en la frontera con México, con los efectos de la Guerra contra las drogas y con las constantes y cada vez más violentas acciones de detención de migrantes indocumentados por el gobierno mexicano a lo largo de todo el país.

A pesar que no contamos estadísticas confiables acerca del tamaño de los flujos de migrantes en tránsito, diversos grupos académicos nos sugieren que en el año de 1995, unos 200,000 centroamericanos cruzaban el territorio mexicano, en 2005 sumaron alrededor de 400,000 cuando empezó a descender el flujo y para el año 2010, se estima que 110,000 personas migrantes cruzaron por México. En el año 2012, se advierte un repunte en el volumen migratorio que se intensifica a finales del 2013 y en la primera mitad del 2014, se acerca ya a los niveles del 2005.

No todos llegan a su destino, de hecho un poco más del 80% no logra su propósito y se monta al carrusel de intento, deportación, nuevo intento, nueva deportación para con suerte lograr cruzar y establecerse en los Estados Unidos, (18.3%). México es el principal obstáculo de los migrantes para llegar a su destino alcanzando un porcentaje de detenciones del 52.2. % mientras que los Estados unidos detienen a 29.5% . En las estimaciones acerca del volumen de migrantes que cruzan por México, no se incluyen a aquellos de quienes se perdió la huella de los que tampoco se cuenta con datos duros y confiables para determinar su cantidad, son los invisibles entre los invisibles.
Las estimaciones más confiables del numero de migrantes desaparecidos en tránsito por México se basan en el segundo Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en febrero de 2011, que da cuenta que registró 214 eventos de secuestro con un total de 11,333 víctimas en solo seis meses. 70,000 a 120,000 migrantes no localizados en tránsito por México a partir del 2006.
Entre el 22 y 23 de agosto del 2010, 72 migrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, por integrantes del crimen organizado donde se sospechaba la complicidad de las policías locales. Un año después, en abril de 2011, al menos 193 personas fueron encontradas en fosas clandestinas en el mismo municipio, y Cadereyta.
En noviembre de 2013, amparados bajo la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, la organización National Security Archive logró desclasificar documentos diplomáticos que revelan la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales con las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas, y casi cuatro años después de la masacre, la Procuraduría General de la República de México, (PGR), obligada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), minutas de acuerdos, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos, etc., acerca de la detención de 16 miembros de la policía municipal de San Fernando, Tamaulipas, efectuada en abril de 2011, que hasta la fecha había reservado y entregó los reportes a la organización National Security Archive. Los documentos confirman que los policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, estuvieron involucrados en la muerte de los migrantes asesinados dado que realizaban labores de “halconeo, intercepción de personas y omisión en su deber en la observancia de delitos cometidos por miembros de la organización criminal “Los Zetas”.
El 13 de mayo del 2013, cuarenta y nueve cadáveres decapitados y mutilados, fueron abandonados en una autopista cerca de la ciudad de Monterrey, los cuerpos en descomposición de 43 hombres y seis mujeres fueron encontrados en la comunidad de San Juan, Municipio de Cadereyta en el estado de Nuevo León. “Ninguno tiene cabeza y fueron mutilados de sus extremidades inferiores y superiores, lo que complica la identificación”, dijo el procurador del estado, Adrián de la Garza, y agregó que no tenían denuncias de desaparecidos en los últimos días, por lo que podría tratarse de gente de otros estados o incluso migrantes centroamericanos. Dos años después, en Julio de 2014, la Cancillería Hondureña anunció la llegada de los cuerpos de once hondureños que fallecieron en Cadereyta, después de un largo proceso de identificación, que fueron entregados a sus familiares en Honduras. Aun no se conoce la identidad de los 42 restantes.

Y mientras que México masacra a sus migrantes, los países mesoamericanos y también México, se comprometen con el apremio exógeno de “la seguridad regional”, habiendo suscrito tratados como el Plan Mérida, para beneficio exclusivo de la seguridad estadunidense, en los que se subraya el control del tránsito de la migración con destino a los Estados Unidos como parte de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), cuya verdadera intención es asegurar y apoderarse de las riquezas de México. La ASPAN, que ilegalmente se pactó y firmó al margen del Poder Legislativo, avanza hacia la formación de un Estado supeditado a los Estados Unidos, violando la Constitución y sometiendo a la sociedad mexicana a un caos propiciado por la complicidad de autoridades mexicanas con el crimen organizado.

Cuando se firmó el tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, no sospechábamos que el TLCAN sería ampliado a ámbitos de la vida y de la nación –a espaldas de los congresos y los pueblos de los tres países–para abarcar un área hasta entonces considerada fuera del marco de los tratados comerciales: la seguridad nacional. En marzo del 2005 en Texas, cuando los ejecutivos de Canadá, México y los Estados Unidos (Martin, Bush y Fox) anunciaron el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). El acuerdo formaba parte de un plan de “armar al TLC” dándole una infraestructura militar/policiaca y extendiendo el “perímetro de seguridad” de Estados Unidos a sus vecinos socios del TLC, en correspondencia con la reformulación radical de la política exterior de los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre, que plantea su hegemonía como única garantía de la paz mundial y justifica el intervencionismo entendido como el “uso resuelto y deliberado de instrumentos políticos, económicos y militares por parte de un país para influir en la política interna o externa de otro país”. Enfoque que justifica también golpes unilaterales y ataques preventivos en todas partes del mundo, sustentados en esta doctrina que vincula al libre comercio y a la seguridad como dos pilares del nuevo orden mundial que busca el gobierno de Estados Unidos.

Para México, esto se tradujo en asumir tareas de seguridad estadunidense en su propio territorio en nombre del nuevo concepto de “seguridad regional”. Con este acuerdo México asumió tareas que no estaban consideradas prioritarias en la agenda de seguridad mexicana, entre ellas tres principales: la guerra contra el terrorismo, detener flujos migratorios de América Central y la guerra contra las drogas.

…[“los esfuerzos por desalentar la migración de Centroamérica a los Estados Unidos y sellar la frontera sur han llevado a una crisis humanitaria, convirtiendo a las personas migrantes en blancos del crimen organizado y de funcionarios corruptos en territorio mexicano. Detener la migración hacia los Estados Unidos mediante la criminalización, la violencia y el terror ha cobrado miles de vidas en el país”.]

No estando satisfechos con todas las medidas injerencistas tomadas en los años previos, alarmados por el incremento en el volumen de la migración y en el cambio de estrategia de los migrantes que optaron por entregarse a la autoridad para obligar al sistema a iniciar un proceso administrativo migratorio, Washington decretó la “Crisis Humanitaria” de los menores no acompañados que desató una serie de reuniones tanto ordinarias como la cumbre del SICA en Punta Cana y de la CRM en Managua, como reuniones extraordinarias bilaterales y multilaterales estableciendo acuerdos para la utilización de instrumentos económicos que se ofrecen a los gobiernos del triángulo norte y de acciones militares dirigidas por el jefe del comando sur que forma parte de las comisiones que se reúnen así como los ministros de Defensa, cuyo resultado está siendo un recrudecimiento brutal en las medidas de contención de la migración con la colaboración de todos los gobiernos involucrados para el beneficio único de los Estados Unidos.

Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de México para desincentivar la migración ilegal incluyen la creación de un organismo adhoc: “La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del 2014, responsable de la operación de el Plan Frontera Sur, que habla de inversiones para mejorar la economía, de acciones remediales y se justifica con las declaraciones que todo ello es para dignificar la migración y respetar sus derechos, la práctica hasta ahora, ha sido a la inversa de la retorica.

“El Programa Frontera Sur resulta ambiguo en torno a “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. Por ejemplo, en el Decreto mediante el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur no aparecen suficientes referencias a mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos, ni a que estos sean un eje transversal de dicho Programa. Por el contrario, se hace referencia a un adecuado flujo de personas, sin especificar ni definir a que se refiere el término “adecuado”. Este programa deja clara la estrategia geopolítica que coloca a México como el país rompe olas de la migración irregular y la postura regional de contener los flujos migratorios desde el sur, y es un intento más de control impuesto por el gobierno de Estados Unidos, al que se subordina el gobierno mexicano.”

Al amparo de este Plan se despliegan en todos los países amplias campañas institucionales para desalentar la migración, se han creado en México los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), el Programa “Paso Seguro” por la frontera sur de México. En Guatemala se militariza el territorio con las nuevas “Fuerzas de Tarea” que, con financiamiento estadunidense, a través de la Iniciativa Mérida, se despliegan en las fronteras con Honduras y El Salvador. Estos instrumentos han influido en que la política migratoria de varios países de la región pierda el pudor y se transforme abiertamente en una política de seguridad.

En el sur de México las policías migratorias vigilan cada vez más los pasos fronterizos obligando a los migrantes a diversificar su tránsito hacia otros puntos y buscar nuevas rutas migratorias, muchas veces con mayores riesgos. Además de tomar medidas para impedir que viajen de polizontes en tren conocido como “La Bestia”, el nuevo programa incluye incursiones en hoteles y casas a lo largo de la ruta, así como operativos callejeros y en las carreteras cercanas a la frontera con Guatemala. Las personas migrantes han buscado así nuevas rutas, aún no totalmente identificadas, con ellas se han trasladado también las bandas criminales, quienes tienen hoy la posibilidad de operar bajo una mayor invisibilidad. Hombres, mujeres y niños son obligados a viajar en la clandestinidad por nuevos atajos inhóspitos, donde el crimen organizado y bandas locales, en complicidad con diferentes actores gubernamentales o civiles, los están esperando.

El tema de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México, la extorsión, el secuestro y la desaparición de los migrantes así como el gran negocio del crimen organizado en complicidad con los oficiales de seguridad nacional, de todas las corporaciones y de todos los niveles que se ha construido alrededor del trafico y la trata de personas, aun no forman parte de la preocupación colectiva de los mexicanos y el tema se circunscribe a los defensores de los mismos, mientras que el crimen organizado cosecha la vulnerabilidad sembrada por una política de migración que obedece a una lógica de seguridad nacional plasmada en la Ley de Migración y actualmente en el Programa Frontera Sur, con el que se pretende reforzar la frontera con Guatemala y que opera bajo la lógica de “perseguir, capturar y deportar”.
El Programa Frontera Sur, es el relanzamiento de estrategias puestas en marcha en administraciones pasadas, 2006-2012, que no han rendido los frutos esperados. Pese a las estrategias aplicadas para reforzar la seguridad y controlar el flujo migratorio, la región ha experimentado un incremento en cuanto a tráfico ilegal de drogas y personas, y la migración indocumentada centroamericana seguirá su tendencia a la alza mientras continúen la violencia, la expropiación de sus tierras y de sus fuentes de producción, inequidad, pobreza y demás condiciones que los están obligando a desplazarse.

México Despierta:
México padece momentos de represión, desapariciones forzadas, hostigamientos y asesinatos de activistas, periodistas, estudiantes, defensores de DDHH, indígenas, campesinos, líderes comunitarios, y otros sectores sociales vulnerables.
El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, policías municipales desaparecieron a 43 normalistas estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, México, de los cuales uno ha sido hallado sin vida y otros tres fueron asesinaron en el acto. Esta atrocidad incluye el secuestro, la tortura y el asesinato de los jóvenes en manos de la policía local y posiblemente el ejército, coludidos con el crimen organizado.

La investigación que siguió a la masacre de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa deliberadamente montada para domiciliar la culpa a nivel local y calmar las protestas, sin develar la raíz del crimen. El ejército federal estaba en los alrededores y al tanto de los ataques en ese momento.

A pesar de que se inculpó y se detuvo, al alcalde de Iguala, de la renuncia del gobernador del estado de Guerrero y que se ha detenido a más de medio centenar de policías municipales supuestamente involucrados en esos hechos, no se ha encontrado a los 43 jóvenes –sólo se certificó que unos restos analizados pertenecen a uno de ellos- ni se ha explicado el móvil, ni ubicado a los autores intelectuales de los delitos. Peor aún, hay en el ambiente la fundada sospecha que el Ejército y la Policía Federal tuvieron participación activa en estos hechos. El propio ejército federal efectuó otro asesinato masivo de 22 jóvenes, en el pueblo de Tlatlaya, en el Estado de México en junio del 2014. En ese entonces el ejército y el gobierno federal trataron de encubrir los asesinatos de Tlatlaya con hostigamientos y amenazas a los testigos.

La profundidad de la crisis en México, la violencia de estado y del crimen organizado, significa que los movimientos sociales trabajan en un entorno de represión y de violencia similar a la “guerra sucia” de la década de 1970-80, cuando el gobierno mexicano recurrió al asesinato y a las desapariciones forzadas para desalentar las crecientes protestas sociales y movimientos guerrilleros, hechos continuaron, aunque de menor alcance durante las décadas siguientes, pero recobraron ímpetu a partir del 2006 y aún más desde que el Partido Revolucionario Institucional retornó a la presidencia de la republica en 2012.

Los Estados Unidos están profundamente implicados en esta situación debido a los acuerdos militares suscritos con las fuerzas armadas mexicanas para llevar a cabo actos de represión bajo el pretexto de la guerra del narcotráfico, justificación elegida para una nueva edición de la “guerra sucia” cuando el motivo oculto es la protección de los intereses económicos y geopolíticos de los estados más poderosos. En esta coyuntura están particularmente involucrados los Estados Unidos y Canadá, en gran parte culpables de la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades de sobrevivencia de los jóvenes, la expropiación de la tierra de los campesinos mexicanos, y las agresiones a comunidades en manos de los cárteles del narcotráfico, la policía y las fuerzas armadas. Las compañías mineras canadienses involucradas en despojar y saquear el agua y tierra de los campesinos mexicanos con actos brutales de represión por medio de ejércitos privados asistidos por varios niveles del gobierno mexicano, y con acuerdos establecidos con el crimen organizado.
Además, las reformas a la Constitución mexicana, orgullo del actual gobierno, presagian que se incrementará la expropiación de las comunidades rurales al privatizar el petróleo y otros recursos naturales y dan lugar a que el gobierno desaloje a comunidades enteras en beneficio de la explotación de los recursos. Las corporaciones petroleras, serán protegidas de las protestas populares por fuerzas armadas mexicanas y la asistencia militar de los Estados Unidos.
Todo esto sucede al amparo de un gobierno que se asocia y protege al gran capital y al crimen organizado y apuesta al control policiaco-militar visible ya en todas las zonas de conflicto, y deja en la impunidad los crímenes lesa humanidad que están siendo perpetrados en contra de la gente de México, quienes frente a estas fuerzas poderosas se encuentran en la total indefensión, en un país donde las denuncias ante el poder judicial gozan de un 98.2% de impunidad y, en muchos casos, en el acoso y revictimación de los acusadores.
Los actos de resistencia han emergido con gran energía social, ejemplificados en la formidable respuesta ciudadana que se ha generado en torno a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Movimiento que está demostrando una respetable capacidad de resistencia y a puesto entredicho al Estado mexicano y que no lo podrán desactivar fácilmente porque las madres y lo padres seguirán buscando a sus hijos desaparecidos, tal como las madres que conforman las caravanas de madres centroamericanas en busca de sus migrantes desaparecidos en Transito por México, no cejan en su búsqueda aunque tengan años de no saber de ellos, porque se aferran a la esperanza de encontrarlos.
Además de este gran movimiento, se han multiplicado las resistencias: desde el esfuerzo autonomista de Los Caracoles, del EZLN en Chiapas, a la iniciativa encabezada por el obispo Raúl Vera para conformar un Nuevo Constituyente, las experiencias de policías y organizaciones comunitarias en Michoacán y Guerrero, a los esfuerzos autogestionarios de los jóvenes y las múltiples luchas contra la minería a cielo abierto y los megaproyectos hidráulicos y energéticos, sin olvidar a los defensores de los migrantes, los luchadores por los derechos humanos y de los movimientos de mujeres.

También porciones cada vez mayores de la jerarquía eclesiástica responden. En la mesa de diálogo “La Iglesia frente a la corrupción, la injusticia y la violencia en México”, del 8 de Enero del presente, líderes de la Iglesia católica, entre los que se encontraban algunos de los sacerdotes que se han caracterizado por su defensa férrea de los derechos de los migrantes, coincidieron en que la institución tiene la capacidad de tejer una red estratégica de la mano del pueblo contra la impunidad y hacer una red para refundar a México no desde la cúpula, sino de abajo hacia arriba”. Indicaron que “México es una fosa común y son más de 500 mil desplazados, y que mientras se realiza esta mesa de diálogo, alguien está desapareciendo en alguna parte bajo la complicidad de todos: “Es hora de caminar con el pueblo, como Iglesia caminar como el pueblo, de manera articulada” Afirmaron que es momento de arrancar las iniciativas que han surgido a raíz de los recientes casos de violencia en el país.

Conforme crece la inconformidad social y se manifiesta vigorosamente también aumentan los actos de represión. El gobierno ha prácticamente desactivado el movimiento de autodefensas de Michoacán, encarcelando a los lideres más emblemáticos y cooptando a muchos de sus seguidores con estrategias perversas donde dejan armados a quienes fueran parte de las organizaciones delictivas como La Familia Michoacana y sus ediciones posteriores, mientras que desarman a los ciudadanos que se defendían de su acoso, así como en su momento logró desactivar el movimiento de jóvenes “Somos 132”, poniendo en marcha, con gran experiencia histórica, su estrategia de represión fulminante asociada a su contraparte: corromper y cooptar. De ahí, que el incipiente movimiento social de resistencia esta sitiado por el poder del estado, a más de su propia fragmentación, lo que hace que sea altamente vulnerable.

En este escenario incierto y de alto riesgo, es donde las acciones de protesta, denuncia, y hartazgo de la sociedad mexicana y en nuestro caso del Movimiento Migrante Mesoamericano actúan, con obscuros presagios ante la gran incógnita de intentar predecir que es lo que nos tiene reservado el futuro del año de 2015.

Marta Sánchez Soler
México, Distrito Federal, a 20 de enero de 2015

There is one comment

  1. Jose Karim Canaviri Torricos

    Cochabamba-Bolivia, 30 de marzo 2015
    Señora:
    MARTHA SANCHEZ SOLER DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO
    REF.- PENSAMIENTO ECONÓMICO, DESCODIFICA NUEVOS CÁNONES CIVILIZATORIOS PARA LA HUMANIDAD, SI ASPIRAMOS RENOVAR EL PACTO DE HABITAT EN LA TIERRA.
    De vuestra consideración:
    Año 2015, tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Organización de Naciones Unidas (ONU), está centrando todos sus esfuerzos en fijar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); después de percatarse y tomar conciencia de los actuales tiempos aciagos, cuando la humanidad está siendo convulsionada, por un ya incontenible desbordamiento social, demandando justicia económica; a más de estar literalmente estremecida por apocalípticos desastres naturales, réplicas de un planeta en devastación, por la desmedida explotación de sus recursos naturales; ambas consecuencias de una imperante economía inhumana e irracional, que viene obrando inexorablemente nuestra autodestrucción.
    En esta nueva senda de la dignidad para la humanidad, como denomina Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS); las Naciones Unidas han iniciado la mayor consulta planetaria, jamás realizada, en los países desarrollados, en los países en desarrollo, en la sociedad civil y en todas las organizaciones sociales, económicas y políticas del mundo; al mismo efecto la ONU tiene programado 3 cumbres mundiales: julio de 2015, en Addis Abeba (Etiopía), para formular las reformas del sistema financiero; septiembre 2015, Cumbre Especial, para aprobar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), y en diciembre 2015, Cumbre del Clima en París, para un acuerdo mundial, encaminado a evitar la contaminación del medio ambiente, generado por el hombre, que contribuye al aumento del cambio climático. Todos esos esfuerzos, aparentemente inquiriendo el nuevo paradigma socioeconómico, que se deberá implementar en el mundo; post 2015.
    Sin embargo es preciso, que los indignados del mundo, ya no seamos los ilusos de siempre, debemos estar plenamente conscientes y claros, que la resolución de esta crisis sistémica; no provendrá jamás, del mismo sistema inhumano e irracional que lo provocó.
    Ha llegado el tiempo, que los movimientos sociales de estudiosos, laborales, humanitarios, ecologistas, y todos los indignados del mundo; dejemos de ser solo demandantes pasivos e infructuosos de justicia económica, ante los poderes políticos del mundo, signados por el egocentrismo económico, y nos cualifiquemos en el conocimiento del nuevo canon civilizatorio de humanización y racionalización de la economía; para ser los que elucidemos programáticamente la implementación de una economía democratizada de beneficio proporcional; probamente delineada para bregar por un equilibrio sistémico entre el crecimiento económico, con el desarrollo humano; en el designio superior de redimir la dignidad humana.
    Correspondiendo su aplicabilidad programática, incorporando en los sectores primario, secundario y terciario de la economía mundial, en coexistencia competitiva con las clásicas economías privada y estatal; una diferenciada economía democratizada de beneficio proporcional, configurada operativamente en el prototipo de Medianas Empresas Privadas de Beneficio Proporcional. El ideal de empresa, estructurada con una socioeconomía, que compatibilizará la auténtica competitividad económica, con una doctrina ética de proporcionalidad, en la distribución de los beneficios económicos. Modélicamente con potencial de viabilizar socioeconomías hasta ahora inviables; como ser un crecimiento económico proporcionalizado entre el Estado, los Empresarios y los Trabajadores; garantía y seguridad integrales para los capitales financieros; generación de Empresarios Privados, adecuados en la Racionalidad Económica; generación de Empleos Dignos y Sostenidos en los tres sectores de la economía; Universalidad de una Autosustentada Gratuidad, con Calidad de los Servicios de Educación y Salud. Solo algunos contenidos, que estructuran un nuevo Modo Económico-Humano-Racional, con suficiencia sistémica para contener siglos y milenios de egocentrismo económico en el mundo = (irracionalidad, inhumanidad, ambición, codicia, egoísmo, soberbia, avaricia, ingratitud, monopolio, explotación, exclusión, etc.), prácticas insanas, ejercidas y fomentadas cíclicamente en las naciones del mundo, por gobernantes de todas las tradiciones e ideologías; monarcas, militares, fascistas, populistas, indígenas, liberales, neoliberales, revolucionarios, socialistas, comunistas, etc.; en su mayoría déspotas mitómanos, epítomes de la codicia fiscal y corporativa; a más de encarnar a los señores de la guerra, obcecados en imponer sus tendencias doctrinarias de sustento político, social, económico, fundamentalista o etnográfico; que al ser corrientes ideológicas antagónicas, escinden políticamente el planeta; enfrentando pueblos contra pueblos y naciones contra naciones, en fratricidas guerras, guerrillas, revoluciones y terrorismo; resultando al final ser pugnas vanas, solo de poder por el poder. Porque ninguna de esas encumbradas doctrinas, nunca han sido capaces de disminuir la brecha de la desigualdad económica; al contrario, cada vez esa brecha la expanden más, por estar alineados dogmáticamente en unos casos en la economía con capital privado (derecha liberal) y en otros casos en la economía con capital de estado (izquierda socialista), además de experimentar con una economía mixta (centristas); individualizadas o fusionadas dos clásicas economías indistintamente indignantes. En razón de que esa su “eficiencia” en la generación de riqueza, se sostiene esencialmente en la vileza para someter en formas diversas a la explotación de la fuerza de trabajo, estando corroborada la impostura de ésa, su perversa competitividad económica, al ser utilitaria para enriquecer cada vez más a los ricos, a coste de eternizar en la miseria económica a dos terceras partes de la humanidad; aseveración ciertamente irrebatible, cuando estamos transitando en tiempo, por la segunda década del siglo XXI, se puede constatar descriptivamente que más del 80% de la población mundial; aún subsiste entre una pobreza relativa y absoluta.

    Correspondiendo su implementación pragmática, ineludiblemente a los indignados del mundo, que debemos optar por la racionalidad económica, que nos habilitará por nuestra ética, a ocupar los Estados del Mundo, con ventaja de sistema. Paradoja de un proyecto humano, que prescinde de liderazgos humanos; consignando su ejecutabilidad a la iniciativa de los miles de millones de indignados en el mundo, que debemos asumir esa responsabilidad por conciencia de vida, alineándonos en una crística lid democrática, de consonancia planetaria; objetivamente por el cumplimiento ineludible de nuestros derechos y deberes económicos, en concordancia. Con la certitud de conseguir una victoria progresiva e ineluctable, en la medida que cualificados indignados, vayamos gravitando políticamente, en los Estados del Mundo; con la función de coadyuvar a la constitucionalización en todos los países, de la Democracia Económica de Beneficio Proporcional.

    J-Karim

    P.D. Si existe entendimiento, del presente conocimiento, con amor universal, transmitirlo en todos los foros de indignados del mundo.

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